Las recientes manifestaciones de productores agrícolas en carreteras del país reflejan un malestar profundo con la política gubernamental hacia el campo. Desde el sexenio pasado, el sector arrastra reclamos por precios de garantía diferenciados, ausencia de seguros, falta de financiamiento y una creciente inseguridad que encarece y pone en riesgo la producción. Aunque ya se han alcanzado algunos acuerdos con Gobernación, SADER y Conagua, su cumplimiento avanza con lentitud en un contexto cada vez más adverso.
El agricultor mexicano enfrenta hoy una ecuación complicada: costos de producción al alza y precios de venta deprimidos que golpean directamente la rentabilidad. A esto se suman las incertidumbres en torno al T-MEC, un acuerdo que durante tres décadas ha favorecido de manera decisiva al sector agropecuario, pero que ahora se ve presionado por tendencias proteccionistas en Estados Unidos y posibles revisiones a las exportaciones.
En el plano interno, también se vuelve urgente replantear las políticas de apoyo impulsadas por la 4T, justo cuando muchas cotizaciones internacionales atraviesan momentos difíciles. Con un entorno global incierto y decisiones clave en el horizonte, 2026 se perfila como un punto de inflexión para el futuro del campo mexicano.

