Reforma laboral: el rechazo sindical escala y casi 100 gremios preparan las primeras respuestas

La discusión sobre la reforma laboral ingresó en una nueva etapa. Luego de semanas de advertencias sectoriales, pronunciamientos aislados y conflictos puntuales, el rechazo sindical empezó a ordenarse en una expresión colectiva de alcance nacional. Un documento firmado por 86 organizaciones gremiales activó un plan de lucha común y anticipó las primeras acciones coordinadas contra el proyecto impulsado por el Gobierno.

El pronunciamiento se produjo tras una reunión realizada en la sede nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y contó con la adhesión de sindicatos de la industria, el transporte, la energía, la salud, la educación y el sector público, entre otros. Entre los espacios con protagonismo político y organizativo se ubicó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, también conocido como “Aceiteros”, que en las semanas previas ya había endurecido su posición frente a la reforma y advertido sobre la posibilidad de escalar el conflicto.

En el documento, los gremios expresaron su “enérgico rechazo al proyecto regresivo de reforma laboral” y anunciaron el inicio de un Plan Nacional de Lucha, con acciones de resistencia en distintos puntos del país. Como primeras medidas, definieron dos movilizaciones en ciudades del interior: una el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y la segunda convocatoria el 10 de febrero en Rosario.

La declaración traza un diagnóstico severo sobre la iniciativa oficial. Según las organizaciones firmantes, la magnitud de los cambios propuestos, la extensión de los temas involucrados y la profundidad de los retrocesos que introduce vuelven a la reforma “comparable con la implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”. También cuestionan el origen político del proyecto y afirman que no surgió de “un proceso de diálogo democrático” ni de una discusión abierta con las y los trabajadores.

“El proyecto pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador”, advirtien, y señalan que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar apoyos legislativos por beneficios coyunturales para sus provincias. Para los gremios, se trató de “una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas”.

Entre los puntos más cuestionados, el documento mencionó la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos de la seguridad social, el ataque a la acción sindical, la institucionalización del techo salarial y la pérdida de soberanía sobre el tiempo de trabajo. En ese marco, rechazaron la creación de figuras como el banco de horas y los mecanismos que, según advirtieron, facilitarían la precarización laboral.

“No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”, sostuvieron las organizaciones, que vincularon la iniciativa con un modelo económico basado en salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical.

El posicionamiento colectivo se apoya en una acumulación previa de conflictos. En ese recorrido, los aceiteros ocupan un lugar destacado por su capacidad de presión sobre sectores estratégicos de la economía y por una estrategia sindical que combina paritarias altas, rechazo a los techos salariales y una postura crítica frente a la conducción tradicional de la CGT. En los últimos meses, ese perfil los ubicó como uno de los gremios más activos en la construcción de un polo sindical alternativo y combativo.

Ahora, esa lógica se amplió a un frente mucho más extenso. El documento convoca a trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados, formales e informales, cuentapropistas y jubilados a sumarse al plan de lucha y afirma que “el futuro del trabajo se decide con los trabajadores”. La consigna que cierra el texto busca sintetizar el espíritu de la convocatoria: “Nada de los trabajadores sin los trabajadores”.

Qué propone la reforma laboral que se debatirá en el Senado

El proyecto de Modernización Laboral es uno de los cinco puntos incluidos por el Gobierno en la agenda de sesiones extraordinarias que se extenderán del 2 al 27 de febrero. Aunque ya cuenta con dictamen de comisión, todavía no reúne el respaldo completo de varios gobernadores, clave para su aprobación en el Congreso.

Por esta razón, el oficialismo no convocará a sesión apenas inicien las extraordinarias. En el Senado señalan que la fecha más probable de debate es el 11 de febrero, lo que vuelve estratégicas las negociaciones de las próximas semanas.

Entre los cambios más destacados del proyecto aparecen:

• Tickets canasta sin carácter remunerativo.
• Salarios basados en productividad y mérito.
• Flexibilidad horaria y banco de horas, permitiendo compensar jornadas largas con otras más cortas.
• Vacaciones fraccionables y fuera de la temporada tradicional, según acuerdo entre partes.
• Fin de la ultractividad de los convenios y prioridad de los acuerdos por empresa sobre los sectoriales.
• Cuotas sindicales voluntarias y eliminación de los descuentos automáticos en los recibos.
• Restricciones a las asambleas sindicales dentro del horario laboral.
• Digitalización total de trámites laborales, contratos y notificaciones.
• Nuevo marco para repartidores de plataformas y derogación de la actual ley de teletrabajo.
• Sistemas de fondos o seguros que reemplacen la indemnización tradicional por despido, financiados con aportes patronales.
• Banco de horas voluntario, con descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.
• Despidos sin causa: indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, calculada sobre la mejor remuneración del último año.