Bocetos de una economía diferente

La casta fue dada de alta. Goza de excelente salud. Gracias, presidente Milei. Aunque el Gobierno acaba de alcanzar un importante triunfo parlamentario con la media sanción de la reforma laboral, esa contundente victoria hubiera sido imposible sin la participación activa de varios integrantes, de un lado y otro, de la vieja casta política. La actual senadora libertaria Patricia Bullrich tiene casi cincuenta años de vida política, y Diego Santilli, ministro del Interior de Milei, ronda los 30 años de actividad pública, si se cuenta también el tiempo que vivió como militante del peronismo. Ellos negociaron con amigos y allegados, exhibiendo su larga experiencia, el contenido de ese proyecto. Del lado opositor, negociaron los dirigentes sindicales (un antiguo pedazo de la casta que se aseguró la conservación de su famosa “caja” con el aporte forzoso de los trabajadores), y varios senadores peronistas y radicales, algunos de ellos alentados por los gobernadores de sus provincias, que son la casta de la casta. Sin embargo, sería necio negar que con la compañía de tan destacados cófrades de la vieja casta el Presidente comenzó, luego también del acuerdo comercial con los Estados Unidos y de impulsar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, un proceso de radical modificación de la estructura económica del país. Una transformación que necesitará tiempo para verla funcionar plenamente, pero que se propone terminar con el excesivo protagonismo del sindicalismo en la política argentina, con una economía renuente al intercambio comercial con el exterior y con una producción nacional desmedidamente protegida por el Estado. El sistema vigente solo creó un país injusto, con una pobreza creciente y con una desigualdad progresiva. Es el mismo país que se jactó durante muchísimas décadas de tener la clase media más numerosa de América latina. Gran parte de esa clase media se desgarra ahora sus manos aferrándose a una pared simbólica para no caer en los sectores bajos de la sociedad. Llegó la hora, en efecto, de intentar algo nuevo y diferente.

Por eso, es fundamental que el Presidente y sus seguidores abandonen las prácticas autoritarias y que los dos Milei, Javier y Karina, aprendan a coexistir respetuosamente con el otro. La creación de la Oficina de Respuesta Oficial a cargo de un novato que solo había aprendido a insultar en nombre del mileísmo en la red social X, Juan Pablo Carreira, quien solo ha desmentido hasta ahora noticias verdaderas, es un remedo de costumbres del peronismo en cualquiera de sus versiones. El violento mandamiento mileísta “no odiamos lo suficiente a los periodistas” solo busca el amedrentamiento, la autocensura o el silencio de la prensa. Milei hace uso y abuso de las redes sociales para difamar y agraviar al periodismo que conserva su independencia y se resiste a la sumisión. Hace poco, el propio Presidente insultó al más importante empresario argentino, Paolo Rocca, porque este venía de participar en un exclusivo conflicto entre privados. La estrategia oficial consistió en ofender al más destacado de todos para advertirles a otros sectores empresarios (¿la industria farmacéutica?) antes de que ocurra un eventual lobby contra el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Una manera grosera e injusta de maltratar a un empresario que solo tenía un litigio con otros empresarios. El riesgo de todo eso, que no carece también de una dosis significativa de frivolidad, es que el proyecto presidencial naufrague ante una sociedad fatigada, cuyos trazos gruesos asociarán lo bueno con lo malo. Carlos Menem y su gobierno son ejemplos cercanos de que la gente de a pie no tiene tiempo ni ganas para ponerse a separar lo correcto de lo incorrecto. La Argentina habrá perdido, en tal caso, otra oportunidad de asomarse a la novedad.

Patricia Bullrich parece que no es capaz de negociar. Solo parece. Desde su adscripción a la Juventud Peronista en su casi adolescencia no ha hecho más que negociar, aunque solo sea para recorrer casi tode el pabellón de partidos políticos nacionales. Ella, y el traqueteado Santilli, son los autores de las muchas concesiones que el Gobierno les hizo a gremialistas, gobernadores y senadores para que aprobaran la reforma laboral. Una buena ocasión descarriada, para hacer lo contrario, fue que los dirigentes gremiales conservaran el aporte obligatorio a los sindicatos por parte de los que trabajan. Ese aporte y el manejo de las obras sociales son los factores que hacen ricos a los dirigentes gremiales. Las obras sociales sindicales, un favor que los gremios recibieron de parte del régimen de Onganía, están casi todas en situación de quiebra. El país vive desde hace muchos años la cruel paradoja de ver convivir en el tiempo y el espacio a dirigentes gremiales ricos y a trabajadores cada vez más pobres. ¿Quién escuchó protestar a los dirigentes de los sindicatos, al menos algunas vez, porque la mitad de los trabajadores argentinos vive en la informalidad? Nunca. Vale la pena explicarlo: esa indiferencia se respalda en que los que trabajan en negro no aportan a los gremios, aunque tampoco tendrán nunca una jubilación por encima de la mínima; para peor, la jubilación mínima es ya solo un simulacro de jubilación. Los dirigentes sindicales han perdido gran parte de su monumental poder de otrora; ahora solo les importa conservar el dinero contante y sonante. Y lo conservaron.

A pesar de todo, los que saben mirar advierten que la reforma laboral aprobada por el Senado, aun con sus sorpresas inexplicables de última hora (como la polémica por el pago de las licencias por enfermedad), es un aporte decisivo para darle más impulso a la economía y crear más empleos. Un proceso sutil, casi inadvertido, empezó: la Justicia laboral está a punto de perder la interminable influencia de la familia Recalde, que de la mano de los Moyano promovió la designación de muchísimos jueces de ese fuero. La industria del juicio podría asomarse a su final porque esos temas recaerán en la justicia laboral de la Capital, que seguramente designará con el tiempo a jueces más imparciales. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia puso cierto orden en varios juicios que habían valuado las indemnizaciones de tal forma que condenaban a pequeñas y medianas empresas a la extinción. Esa es la razón, además de las económicas, por la que no se crean nuevos puesto de trabajo en blanco, que beneficiarían a los trabajadores porque podrían jubilarse en mejores condiciones y contarían con asistencia médica. En definitiva, la reforma laboral promueve un clima más previsible para las empresas; todavía falta saber si esa mutación significará también un aumento de la inversión privada, imprescindible para que se reactiven la actividad económica, el empleo y el consumo social. La retracción del consumo se constata solo con ver que el impuesto de ingresos brutos, que perciben los Estados provinciales, se contrajo en la Capital un 6 por ciento en lo que va de este año comparado con igual período del año anterior. Paréntesis: no hay nada más distorsivo y arbitrario que ese impuesto creado en 1977, durante la última dictadura militar, porque significa para la gente común pagar impuesto sobre impuestos. Ingresos brutos se agrega al precio final de los productos de consumo social, que ya pagan un muy alto IVA. En casi cincuenta años, cuarenta bajo gobiernos democráticos, casi nadie quiso eliminar ese gravamen. El gobierno de Mauricio Macri intentó un proceso de paulatina reducción de ese impuesto cuando firmó el pacto fiscal con los gobernadores, con el evidente propósito de eliminarlo, pero el proyecto zozobró definitivamente poco después, cuando accedieron al poder Alberto Fernández y Cristina Kirchner y desconocieron tal acuerdo del gobierno federal con las provincias. Por ahora, ese impuesto solo sirve como termómetro del consumo social.

Con las reformas sancionadas (falta todavía la Cámara de Diputados), y con la decisión de incentivar la actividad de la minería, sobre todo en las zonas cordilleranas, algunas provincias pobres podrían convertirse en ricas. La Argentina nunca explotó la minería de este lado de la cordillera de los Andes, mientras del otro lado los mayores ingresos de dólares de Chile siguen dependiendo de la explotación de las minas de cobre. Catamarca, La Rioja y San Juan, entre otras provincias, podrían acceder a “más plata que habitantes”, según señaló un experto en relaciones laborales. “Serán como emiratos dentro de una república”, describió. El problema irresuelto del país continuará ubicándose en las desmesuras del conurbano bonaerense, que dependió siempre de la construcción y del empleo público. Hace dos años que no hay obras públicas, y la construcción privada acompañó la baja general de la producción. El severo ajuste del gobierno de Milei también afectó al empleo en el Estado. Subsiste un problema más profundo en el conurbano: hay ahí una mayoría de jóvenes que perdió la ambición del progreso y la vocación por el estudio. Ninguna solución, entre las previstas hasta ahora, puede comprenderlos.

La reforma laboral fue bien recibida por el empresariado, pero la sorpresa no fue esa. Más asombroso fue comprobar que una parte importante de los empresarios (o sus niveles dirigenciales, por lo menos) está entusiasmada con el acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos y con la promesa de que en algún tiempo próximo, aunque no inminente, regirá el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Líderes empresarios argentinos tuvieron conversaciones reservadas con la Secretaría de Comercio de Washington; esta dependencia norteamericana les aclaró que Estados Unidos es un país esencialmente importador y que su más importante vendedor -rareza inexplicable- es China, su competidor en el mundo mundial (Felipe González dixit). No solo el Washington de Donald Trump, sino también las anteriores administraciones demócratas aspiran y aspiraron a reducir las monumentales compras al gigante asiático. El gobierno de Washington cree ahora que muchas importaciones podrían llegar a la potencia americana desde países latinoamericanos. Mencionan a la Argentina, pero no excluyen a Brasil. Washington solo repatriará la fabricación de todo su armamento militar y de la tecnología informática, entre algunas pocas actividades más, pero seguirá comprando en el exterior productos textiles, zapatos y hasta comestibles. “Nosotros le compramos a China productos industriales baratos y le exportamos solo materias primas. Un negocio mejor podría significar el intercambio con los Estados Unidos”, señaló un cimero empresario argentino. La condición que impuso explícitamente Washington es que los productos sean buenos y baratos. Para cumplir con tales requisitos, los empresarios nacionales deberán invertir en moderna tecnología, y el Estado argentino deberá liberarlos de la insoportable carga impositiva que cae sobre ellos. Con la Unión Europea, con la que el Mercosur acaba de firmar un tratado de libre comercio, hay una vieja relación. En 2025, Europa fue el tercer destino de las exportaciones argentinas, detrás de Brasil y China. Europa es, a su vez, el segundo socio comercial del Mercosur. Aunque faltan varios trámites para la vigencia plena de ese tratado, el eventual libre intercambio comercial con los europeos podría tener también la ventaja de cambiar la manera de producir de la Argentina. Los empresarios y el Estado nacional deberán ir acomodándose a esa probable situación de la economía, si es que quieren vivir de otro modo. Las distracciones podrían, al revés, agotar la paciencia de los argentinos, que vienen soportando la privación y la inopia desde hace demasiado tiempo, aunque una mayoría social conserva aun la esperanza de que Milei sea una solución. La propia Unión Industrial señaló, en un informe público y optimista sobre una reunión con el ministro Caputo, que manifestó su apoyo a la reforma laboral “en un contexto de caída del empleo y falta de recuperación de los niveles de actividad [económica]”. Lo que se insinúa es siempre lo que no se nombra.