El costo de la obsesión autoritaria

La Operación Furia Épica no pasa desapercibida para nadie, menos para la jefatura del Estado que tiene que verlo como una amenaza a la estabilidad global y local.

Las operaciones militares que Estados Unidos emprende en el Medio Oriente no le restan fuerza al gobierno de Donald Trump para mantener las presiones hacia México, lo mismo en el frente comercial que de seguridad.

Y es en este escenario en el que el gobierno federal parece decidido a desgastar su capital político y a minar mucho más la cohesión social en una batalla que se sabía estéril desde hace tiempo.

La imposición de una contrarreforma electoral, unilateral y autoritaria solo conseguirá un lugar en la historia como uno de los tantos intentos que hizo este régimen para apropiarse de todo el poder, porque los votos necesarios no los va a conseguir.

No queda la impresión, ni siquiera para los seguidores de Morena, de que la reforma electoral fracasó por las fuerzas del conservadurismo y los malos mexicanos que no quieren la transformación. No, quedó la idea de un daño auto infringido, porque ni los aliados permitieron al régimen avanzar en el camino autoritario, dinamitar al desprestigiado INE y regresar a las elecciones de Estado.

La energía que consume el Ejecutivo en polarizar a la sociedad por el control de las urnas es fuerza que le resta a otros temas cruciales como la renegociación del T-MEC que arranca ya la próxima semana.

Gracias a que los partidos políticos comparsas de Morena no aceptaron auto inmolarse para confeccionar un nuevo partido único no se tendrá que agregar, por ahora, el tema del autoritarismo electoral a los ya de por sí complejos temas que México tiene que explicar a sus socios de Canadá y Estados Unidos de por qué las políticas energéticas son un lastre para la región y las consecuencias de la sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.

Ahora, el fracaso con la mayoría calificada no significa que no haya un coletazo para apropiarse del aparato electoral con el llamado Plan B. Lo conocemos porque ya sucedió con la contrarreforma energética, con la mayoría calificada artificial y con los acordeones que le permitieron al régimen conseguir esa Suprema Corte a modo que puede darle al gobierno una ilegalidad tolerada en las leyes secundarias.

Pero en ese escenario, ni los partidos políticos aliados, ni los negociadores norteamericanos, quedarían conformes con la ejecución de una chicanada de corte autoritario más.

Todos en el mundo tienen hoy claro que Donald Trump no conoce límites y que utiliza cualquier pretexto, cualquier debilidad, para dejar caer el mazo militar; el gobierno mexicano debería ver en las evidencias de la caída de la inversión directa que los capitales son miedosos y que las inversiones privadas huyen de los entornos donde cambian las reglas del juego a capricho personal.

México debería, como nunca, construir la certeza jurídica que es indispensable para que los inversionistas vean en México un punto seguro y sean ellos, los empresarios con sus capitales en este país, los que constituyan un frente de defensa ante cualquier tentación externa de alterar el orden legal en el combate a la delincuencia organizada o que amenacen la relación comercial de la cual México depende para su estabilidad económica.