Mahiques y el fantasma de la nulidad: los puntos débiles de la estrategia defensiva que bocetó el ministro para el caso $LIBRA

“Yo de causas en trámite no hablo”, dijo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Segundos después, bocetó en televisión una estrategia para anular la prueba que sacudió el caso $LIBRA: el peritaje que expone la relación de Javier Milei y su hermana Karina con los promotores de la criptomoneda y que contradijo la defensa que había esgrimido la Casa Rosada.

Como si fuera el abogado defensor de un cliente en apuros, el ministro le adjudicó a una filtración un poder nulificador de toda la prueba en cuestión. Según el razonamiento de Mahiques, dado que la abogada y comunicadora Natalia Volosin publicó parte del resultado del peritaje antes de que estuviera disponible en el expediente para las querellas, la validez de todo el estudio está ahora en duda. El ministro eligió las palabras. Dijo que el peritaje (que cuando se filtró ya estaba terminado, firmado, entregado al fiscal del caso y subido al sistema del Poder Judicial) se trataba de un archivo que había sido “manipulado”.

Fuentes oficiales informaron que, según la investigación interna del Ministerio Público Fiscal (MPF), lo que ocurrió es que dos agentes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) habrían entrado al sistema interno del MPF −tenían las credenciales para hacerlo, pero no estaban trabajando en el tema− y una de ellas habría bajado un informe preliminar de ese estudio.

Según las huellas que dejaron en el sistema, eso ocurrió el 3 de marzo, informaron las fuentes. La publicación de Volosin fue el 6. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, había recibido el peritaje completo casi dos meses antes. El informe está fechado el 7 de enero y el 25 de febrero se cargó al sistema de gestión judicial LEX 100. En el Ministerio Público añadieron que lo bajado el 3 de marzo es parte de algo que Taiano tenía incluso desde antes, porque era un adelanto del informe que la Datip le entregó en noviembre pasado. Precisaron que el contenido total del peritaje tiene un código de acceso.

Filtraciones han existido siempre en las causas de Comodoro Py. Los abogados se quejan y, como máximo, algún juez hace un llamado de atención por escrito en el expediente. En este caso, como habría quedado registro, se abrió un expediente interno que terminó en denuncia penal.

Pero Mahiques fue incluso más allá con el fantasma de la nulidad. Apuntó contra tres causas clave que hoy complican al Gobierno en los tribunales federales: además del caso $LIBRA, puso en duda el futuro de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el expediente que acaba de abrirse contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su viaje en un avión privado a Punta del Este, caso en el que lo denunciaron por presunto enriquecimiento ilícito.

En el caso Andis, las defensas pelean por esa nulidad desde hace tiempo. En la causa de Adorni, es una idea nueva la que aporta el ministro, si bien el jefe de Gabinete había sembrado la idea de que se difundió un video ilícitamente obtenido y que afectaba la privacidad de él y su familia. De todos modos, el video no fue la primera noticia sobre el vuelo privado a Punta del Este. Lo había contrado el periodista Carlos Pagni.

Ayer, Mahiques lo planteó así: “Lo que sí me llama la atención –le dijo a Luis Majul, que le había preguntado por la denuncia de Adorni de una supuesta operación en su contra originada en el propio Gobierno− es que el video del vuelo del jefe Gabinete, la filtración en la causa $LIBRA y los audios presumiblemente editados o no [de Spagnuolo], me llama la atención que tres causas relevantes, mediáticas, puedan llegar a tener origen ilícito”.

La nulidad de un caso por su origen ilícito fue algo que Mahiques vivió en primera persona. A su favor. Fue así como él y quienes fueron sus coimputados consiguieron cerrar el caso por el viaje que hicieron jueces, el entonces ministro de Justicia de la Ciudad, un exespía y empresarios a Lago Escondido. Esa causa, por “dádivas” (la sospecha es que fueron con todo pago), se inició en Bariloche y el primer triunfo de los acusados fue conseguir que pasara a Comodoro Py. Allí, el juez Sebastián Ramos la anuló y los sobreseyó a todos −con un fallo que, al filo de la feria judicial de 2023, el fiscal Ramiro González no apeló−. El argumento para el cierre fue que la causa se había iniciado por la filtración “irregular” del manifiesto de vuelo del avión privado que llevó a los jueces al sur, cuyo “derecho a la privacidad” se vio vulnerado. En Bariloche, los investigadores se habían cuidado de no usar los chats, de posible origen ilegal, donde los participantes del viaje coordinaban su defensa pública una vez revelado el viaje. Pero de todos modos, el caso se cerró.

Quien desplegó esa estrategia en la causa Lago Escondido fue el antecesor de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona, como abogado defensor del juez Pablo Yadarola.

En cuanto al caso $LIBRA hay ahora dos causas. La principal y la que investiga la filtración. Esta segunda le tocó al juez Julián Ercolini, otro de los que viajó a Lago Escondido y fue sobreseído en el fallo que dispuso la nulidad de aquella causa penal. La lleva junto al fiscal Franco Picardi, quien, en paralelo, hoy participó de una audiencia en la Cámara Federal en la que se opuso al pedido de nulidad del caso de los audios de Spagnuolo.

Nada hay en el expediente que investiga la filtración del peritaje que apunte a hacer caer esa prueba del caso $LIBRA, informaron fuentes judiciales. Lo que se investiga es si quienes filtraron el documento cometieron algún delito. No está claro tampoco por qué Mahiques dijo que $LIBRA es una de las tres causas de presunto “origen ilegal”. El peritaje nada tiene que ver con el inicio de la causa, que no está cuestionado.

La idea de conseguir la nulidad del peritaje de $LIBRA con el argumento de la filtración ya la había planteado la semana pasada la defensa de Mauricio Novelli, el dueño del teléfono peritado.

El escrito que presentó Daniel Rubinovich, su abogado, el 11 de marzo pasado, dice que el 6 de marzo “trascendió en los medios de comunicación una filtración de los anexos a los cuales aún no habían accedido las partes”. La defensa de Novelli alegó que “la filtración del contenido de un peritaje no significa únicamente una violación al secreto del proceso y a la intimidad de las personas involucradas” sino que “acredita fehacientemente un quiebre en la cadena de custodia” porque −sostuvo− “una filtración no es meramente la existencia de una copia que no debería existir, sino que significa un acceso y un tratamiento indebidos”.

Mahiques, en el mismo sentido, dijo ayer: “Alguien se metió en un expediente donde no se debió haber metido. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado el archivo. No se sabe qué puede haberse adulterado y qué no”. La propia defensa de Novelli, sin embargo, precisa que la filtración se produjo cuando el peritaje estaba terminado y cargado en el sistema.

Si la versión que pretende instalarse es que quien lo filtró además lo manipuló, de eso no hay prueba alguna en el expediente, relataron fuentes que investigan la filtración.

En cuanto a la protección de las pruebas, funcionarios que conocen de adentro cómo se hacen estos peritajes explicaron que antes que nada, se realiza la extracción del contenido del teléfono (en este caso, se hizo en presencia del perito designado por Novelli, informaron fuentes del caso) y se trabaja sobre una o más copias forenses, de modo de no exponer al original, que queda resguardado. Esto garantiza que ante cualquier inconveniente, la prueba pueda repetirse.

En los tribunales de Comodoro Py advierten además que la ley y la jurisprudencia son claras en cuanto a que la nulidad es un remedio procesal muy excepcional y mucho más en causas de corrupción, donde están en juego compromisos internacionales del Estado Argentino de lucha contra este tipo de delitos. Es, justamente, el ministro de Justicia de quien dependen los organismos que representan a país ante entidades internacionales que evalúan el desempeño en esta materia, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).