La construcción del Tren Maya y la intervención de Salvamento Arqueológico en un periodo de aproximadamente tres años, a lo largo de más de 1,500 kilómetros de obra civil, fue una orden presidencial durante la pasada administración federal, y dejó muy poco margen de acción para la toma de decisiones sobre el destino del patrimonio arqueológico en la península de Yucatán, particularmente en torno al desplazamiento de unas 36 construcciones mayas halladas en los tramos 6 y 7, una medida criticada en meses recientes por integrantes de la comunidad arqueológica.
Así lo refirió este martes el antropólogo Diego Prieto Hernández —director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entre 2016 y 2025— durante su participación en las mesas académicas “La reubicación del patrimonio arqueológico en México”, realizadas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología (MNA), en el contexto de la discusión pública sobre el desmontaje y reubicación de edificios en el llamado Parque Arqueológico “Balam Tun” (Parque de la Memoria), en Chetumal, Quintana Roo.
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Los parques de memoria Balam Tun y K’awiil fueron ideados como espacios educativos y de resguardo de patrimonio. Foto INAH
“El INAH es una institución sólida que discute, que confronta ideas, pero no está en condiciones de tolerar violaciones a nuestra legislación imperante”, declaró Prieto Hernández, quien actualmente es titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura. Más adelante precisó que, de acuerdo con la ley, el traslado o montaje de patrimonio es legítimo cuando el Consejo de Arqueología del INAH y su comunidad lo consideran pertinente, e instó a “respetar las decisiones institucionales”.
La reunión fue académica pero también una suerte de rendición de cuentas ante integrantes del instituto, con la participación de responsables de Centros INAH en estados impactados por el Tren Maya y autoridades del proyecto, entre ellos Diego Prieto, Salvador Pulido Méndez (Salvamento Arqueológico), Laura Ledesma Gallegos (Consejo de Arqueología), José Huchim Herrera (encargado de Uxmal), Antonio Benavides Castillo (INAH Campeche), Luis Alberto Martos López (Estudios Arqueológicos) y Manuel Pérez Rivas (Salvamento en el Tren Maya).
En ese espacio, Prieto Hernández reconoció: “el Salvamento Arqueológico del Tren Maya, independientemente de la opinión que tenga cada uno de nosotros sobre él, ha modificado, desde el punto de vista de la metodología y el uso de las tecnologías, los criterios para poder ordenar y clasificar las estructuras que vamos encontrando (...) Considero que hay un antes y un después del Tren Maya sobre Salvamento Arqueológico. Debemos profundizar en nuestros principios y criterios (...) Creo que podemos ir desmenuzando estos elementos y no tacharnos los unos a otros de delincuentes. Respeto todo lo que opinen las y los compañeros del sindicato, pero como institución debemos cerrar filas”.
El encuentro se realizó en paralelo a otra mesa organizada en línea por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, con especialistas de distintas áreas, incluido el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer. También asistió virtualmente, sin participar, Eduardo Matos Moctezuma. El gremio arqueológico se dividió ante la imposibilidad de concretar una mesa conjunta, como se mencionó en la sesión del MNA.
El arqueólogo Manuel Pérez Rivas, responsable del Salvamento Arqueológico en el Tren Maya, ofreció cifras: durante los trabajos se registraron 62,985 monumentos inmuebles. En términos de densidad, dijo, “en promedio cada 28 metros del área maya hay un monumento arqueológico”, lo que colocó presión sobre los trabajos frente a la premura de la obra civil.
“Aquí la pregunta que opera para toda el área maya es: ¿dónde no hay vestigios arqueológicos en la región maya?”, cuestionó. Sobre el Tramo 7, entre Escárcega y Chetumal, añadió: “tenemos una enorme cantidad de vestigios en cualquier lugar. Prácticamente cada pequeña locación de terreno que hay en este tramo está llena de vestigios como camellones, unidades residenciales y estructuras principales”.
En este contexto, se precisó que el INAH logró el movimiento de alrededor de 25 trazados de vía para evitar daños a edificios relevantes. Estas acciones beneficiaron la integridad de unos 3,500 monumentos de alto valor, que “quedaron inalterados y sin tocar”.
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En 25 casos, el INAH justificó y promovió la desviación del trazo original para preservar diversos conjuntos arquitectónicos y edificios aislados. Foto INAH
Sin embargo, hubo sitios donde no fue posible replantear el trazo sin afectar estructuras. Ése fue el caso de los 36 edificios de los tramos 6 y 7. Al respecto, Salvador Pulido Méndez señaló: “Hubo eventos en que la operación (de cambio de trazo) se repitió tres veces y en tres ocasiones resultó la misma situación, hasta que se agotaron las posibilidades de reubicación de la ruta”.
Finalmente, Pérez Rivas declaró que “el tema de la reubicación de patrimonio, aunque no es nuevo, sí amerita mayor análisis y discusión. Aunque se trata de un recurso de última instancia (...) una medición de la literatura disponible a nivel internacional demuestra que el número de desplazamientos de estructuras arqueológicas ha crecido de manera exponencial en los últimos años”.
El resto de los participantes coincidió en exponer casos de desmantelamiento y desplazamiento de patrimonio en México y el mundo, derivados de riesgos climáticos, expolio o infraestructura.
También evaluaron escenarios en los que el traslado pone en riesgo el contexto histórico, pero puede ser la única vía de preservación, o incluso puede permitir que un bien sea reapropiado por su comunidad, pese a haber sido movido.
Coincidieron en que toda intervención arqueológica es destructiva, dado que el significado de un bien depende de su contexto, por lo que la teoría de la conservación defiende el principio de preservación in situ. No obstante, como señaló el secretario general del INAH, José Luis Perea, “la realidad contemporánea demuestra que este principio enfrenta desafíos crecientes por la expansión de ciudades, la construcción de infraestructura y de telecomunicaciones”.
“Las críticas que han surgido (...) no deberían entenderse como una polémica circunstancial (...) sino como una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los marcos normativos”, agregó el secretario del INAH.


