La reforma electoral debe recortar excesos sin debilitar la democracia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó ayer las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Constitución y las leyes secundarias en materia electoral. Ambas buscan reducir privilegios, disminuir el costo de la política y controlar los flujos de dinero en el sistema político-electoral. Las propuestas conectan con un malestar genuino porque la mayoría de los mexicanos están hartos de pagar los costos de los cabildos, las legislaturas y los partidos políticos. En no pocos municipios el crecimiento de las regidurías jamás se tradujo en un mejor gobierno ni en una mayor cercanía con la ciudadanía. Y en varios congresos locales, el gasto se concentra en la nómina, mientras que los servicios de análisis y evaluación son raquíticos. Y qué decir de los partidos políticos, que más bien parecen negocios de sus dirigentes que entidades de interés público. La revocación de mandato se realizará en junio del tercer o cuarto año de gobierno, según el año en que se solicite.

Por eso, la reforma propone reducir el número de regidores de 7 a un máximo de 15, limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento y fijar un tope del 0.70% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos. Los ahorros se destinarían a obras de infraestructura pública. Desafortunadamente, no se plantea una reducción directa del financiamiento público a los partidos, sino controles y topes sobre cómo gastan y cuánto pueden ganar sus dirigentes.

Ahora bien, un rango uniforme de regidores para todos los municipios, sin tomar en cuenta su población o complejidad administrativa, puede reducir la representación de minorías y la pluralidad. El techo del 0.70% puede limitar la capacidad de los congresos para profesionalizarse y ejercer un contrapeso real frente al poder casi caciquil de la mayoría de los gobernadores.

Sobre órganos electorales y partidos, se propone limitar las remuneraciones de consejeros y funcionarios del INE, de los organismos locales y de los tribunales electorales, para que ninguno gane más que el o la titular del Ejecutivo. En la Ley de Partidos se plantea transparentar los sueldos de las dirigencias, bancarizar las operaciones en tiempo real y endurecer la prohibición de recursos ilícitos, provenientes del extranjero o en efectivo.

Sin embargo, limitar los salarios en los órganos electorales puede dificultar la contratación de personas con experiencia en un contexto de elecciones complejas. Exigir reportes financieros en tiempo real puede resultar costoso para estructuras locales con escasa capacidad tecnológica. Reforzar la prohibición de efectivo no resuelve el problema mientras no exista la capacidad real de detectar, investigar y sancionar el dinero que circula ilegalmente.

México es una república de estados libres y soberanos en su régimen interior, pero cuando la Constitución fija parámetros muy concretos sobre el tamaño de los ayuntamientos, el gasto de los congresos y los sueldos de los órganos electorales, se limitan su libertad y su soberanía. El reto no es elegir entre austeridad y statu quo, sino medir hasta dónde puede llegar el recorte sin erosionar la representación, los contrapesos y la profesionalización. Toca ahora al Congreso demostrar si puede o no mejorar ambas propuestas.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy