El fondo, resultado de un acuerdo de reclamos legales de Donald Trump y su familia contra el IRS, tiene como objetivo compensar a quienes "sufrieron la weaponización y el lawfare" a manos del gobierno federal. El consejo editorial del New York Times ya lo ha denominado un "fondo de caja negra", señalando —como muchos han hecho— que es probable que gran parte de sus 1.800 millones de dólares de financiamiento se destinen a aliados de Trump que protagonizaron disturbios en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021.
El dinero proviene de lo que se conoce como el Fondo de Sentencias, establecido en el Departamento del Tesoro por el Congreso en la década de 1950 para pagar sentencias judiciales y acuerdos que involucran al gobierno federal. Al hacerlo, el Congreso cedió una parte de su papel constitucional fundamental: el poder de controlar el gasto gubernamental. Figley, quien trabajó en el Departamento de Justicia y es también profesor emérito de retórica jurídica en el American University Washington College of Law, ha advertido al Congreso y a otros que al poner las decisiones sobre pagos tan cuantiosos en manos del poder ejecutivo, el fondo inevitablemente sería secuestrado con fines políticos. Naomi Schalit, editora de política y asuntos legales de The Conversation, conversó con Figley.
¿Qué es el Fondo de Sentencias y por qué fue creado?
El Fondo de Sentencias es una asignación presupuestaria permanente e indefinida que el Congreso estableció para pagar la mayoría de las sentencias y acuerdos contra el gobierno federal. Antes de 1956, cada vez que se acordaba o finalizaba una sentencia o acuerdo, el Congreso tenía que asignar dinero para pagarlo. Eso significaba que la administración y el Congreso tenían que pasar por una especie de karaoke: "Aquí hay un nuevo acuerdo, aquí está la razón por la que debe aprobarse." "Bien, lo aprobamos." Y eso consumía mucho tiempo sin producir grandes resultados.
Entonces, la antigua Oficina General de Contabilidad recomendó que el Congreso estableciera un sistema que pagara algunos reclamos automáticamente, y en 1956, el Congreso creó el Fondo de Sentencias. Este permite el pago de acuerdos y sentencias si dichos pagos son definitivos y no están autorizados ni contemplados por alguna otra asignación legalmente disponible.
El exabogado del Departamento de Justicia Paul Figley pasó años advirtiendo que los presidentes podrían usar el poco conocido Fondo de Sentencias como alcancía política.¿El Congreso básicamente transfirió al poder ejecutivo la responsabilidad de pagar acuerdos y sentencias, lo que consumía mucho tiempo?
Sí, el Departamento de Justicia se encargaba del papeleo y declaraba que era definitivo o que era un acuerdo apropiado, lo enviaba al Tesoro, el Tesoro certificaba que estaba debidamente documentado y luego ordenaba el pago.
Desde la perspectiva constitucional, parece que el Congreso se estaba deshaciendo de una tarea molesta, pero ¿no estaba también cediendo su poder de la bolsa?
Sí, pero solo de forma limitada al principio. Cuando se estableció por primera vez el Fondo de Sentencias, cualquier acuerdo o sentencia que pudiera tramitarse debía ser inferior a 100.000 dólares. Eso funcionó tan bien que el Congreso incrementó el monto en un par de ocasiones y finalmente en 1977 declaró que no habría límite. Es una asignación permanente e indefinida, y una vez establecida, nadie tiene que volver al Congreso para pedir que se actualice o se recargue. Funciona automáticamente.
Ha escrito y dado testimonio sobre sus preocupaciones respecto al Fondo de Sentencias durante bastantes años y a lo largo de varias administraciones. ¿Cuáles son esas preocupaciones?
La preocupación es que, en nuestro sistema, el Congreso debería ser responsable —y lo es— de asignar el dinero.
¿Le preocupa que este fondo pueda ser objeto de abuso?
Lo ha sido. Durante muchos, muchos años, no se abusó de él con frecuencia. En ocasiones, se utilizó con fines políticos en el contexto de la política exterior. El presidente George H. W. Bush lo usó en 1991 para resolver un reclamo con Irán por armas que no habían sido entregadas. La administración Clinton lo utilizó para resolver un reclamo similar con Pakistán en 1998. La administración Obama pagó secretamente a Irán 1.700 millones de dólares por armas que EE.UU. no había entregado, y 1.300 millones de esa suma provinieron del Fondo de Sentencias. Todos tenían un contexto político y, si bien podría argumentarse que eran buenas decisiones, eran decisiones que, sin el Fondo de Sentencias, habrían tenido que pasar por el Congreso y contar con una asignación presupuestaria tras, quizás, debate y discusión.
La administración Obama también fue mucho más lejos en los litigios relacionados con reclamos de violaciones de derechos civiles por parte del Departamento de Agricultura.
El uso del Fondo de Sentencias por parte de la administración Obama en demandas colectivas por discriminación en los programas de préstamos civiles del Departamento de Agricultura me pareció una política realmente deplorable. Tras el fracaso generalizado de las demandas colectivas presentadas por agricultores hispanos y mujeres, la administración Obama anunció la creación de un nuevo programa: el proceso de reclamos para agricultores y ganaderos hispanos o mujeres. Este nuevo programa fue financiado con 1.300 millones de dólares del Fondo de Sentencias y estaba abierto a personas que no habían participado en el litigio. Fue creado unilateralmente sin aportación del Congreso ni una asignación presupuestaria. No era ilegal, pero suponía usar el Fondo de Sentencias de una manera que el Congreso ciertamente nunca había previsto.
Cuando eso ocurrió, mis antenas se activaron, porque durante muchos años estuve en el Departamento de Justicia defendiendo casos relacionados con el Fondo de Sentencias en casos que alegaban actos u omisiones ilícitas por parte de empleados federales. Defendí demandas presentadas contra el gobierno por accidentes de tráfico, negligencia médica, casos de inundaciones, animales salvajes, una amplia variedad de asuntos. Al ver el potencial de abuso, empecé a sugerir que el Congreso enmendara el Fondo de Sentencias para limitar cualquier acuerdo a 500 millones de dólares. Por encima de ese límite, habría que ir al Congreso.
Eso no ha ocurrido.
Todd Blanche, de la administración, jefe interino del DOJ, y el vicepresidente JD Vance son interrogados el 19 de mayo de 2026 sobre el fondo de 1.800 millones de dólares.¿Qué pensó cuando escuchó por primera vez sobre el establecimiento de este fondo de 1.776 millones de dólares, usando el Fondo de Sentencias, para compensar a las llamadas víctimas del lawfare?
Me sorprendí. Siempre esperé que alguien volviera a hacer algo así, pero no había previsto que fuera este caso. Y entonces pensé que tenía razón: Deberíamos haber enmendado el Fondo de Sentencias.
La administración Obama había manipulado el fondo para crear el Proceso de Reclamos para Agricultores y Ganaderas Hispanas y Mujeres sin aportación ni aprobación del Congreso. Habiendo visto ese modelo, la administración Trump ha manipulado de manera similar el fondo para crear el Fondo Anti-Weaponización sin aportación ni aprobación del Congreso.
En cada caso, la administración considera que las personas que están siendo compensadas son merecedoras y deberían recibir compensación, aunque tendrían muchas más dificultades para obtenerla sin la creación de algo así.
Manifestantes alineados con Donald Trump toman los escalones del Capitolio el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso trabaja para certificar los votos del Colegio Electoral. Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
Ahora que se ha utilizado dos veces, a menos que el Congreso intervenga, no tengo ninguna duda de que este esquema será utilizado de nuevo por otra administración. Es mal gobierno; no es así como fue diseñado nuestro sistema. El Congreso tiene el poder de la bolsa. El Congreso, y no el ejecutivo, tiene la autoridad para crear y financiar programas. El poder ejecutivo no debería tener su propia fuente de fondos. El Fondo de Sentencias no debería usarse como alcancía del poder ejecutivo.
¿Se le ha pasado por la cabeza decir "ya lo advertí"?
Sí. Llamé a mi hija —ella aprecia cierto humor negro— y le dije que había ocurrido exactamente lo que había predicho. Ella dijo: "Bueno, ¿no estás contento por eso?" y yo respondí: "Bueno, no estoy contento de que haya ocurrido, pero sí estoy contento de haberlo visto y de haber estado predicándolo —con un éxito notablemente escaso."
Paul Figley, Profesor Emérito de Retórica Jurídica, American University
Este artículo se republica desde The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original.
