Cuando la política tiembla, la nación se estremece

Si hay un hilo que conecta el drama del juicio político, el devastador terremoto en Mindanao y el resurgimiento de la inflación, ese es la gobernanza. Y cobra mayor importancia cuando una nación está bajo presión.

La turbulencia en curso en el Senado no es simplemente una disputa por cargos de liderazgo, presidencias de comités o control institucional. Ha adquirido relevancia nacional porque en última instancia remite a un solo asunto: el proceso de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte. Según la Constitución, el Senado actúa como tribunal de juicio político, y el Presidente del Senado preside ese proceso. Quien controle el Senado inevitablemente influye en el entorno en que dicho juicio político se desarrollará.

Esto explica las intensas maniobras por el liderazgo del Senado, los cambiantes alineamientos y los intentos de presentar a la propia institución como asediada. Es fundamentalmente un juego de números. Los actores políticos entienden que el control del Senado hoy puede determinar el panorama político del mañana.

Una presidencia de Duterte en 2028 podría revivir carreras políticas dormidas, reconfigurar alianzas y potencialmente reabrir antiguos conflictos políticos. Las apuestas son, por tanto, enormes, lo que explica por qué la batalla por el control se ha vuelto tan encarnizada.

Sin embargo, mientras los políticos luchan por el poder, los costos los paga cada vez más la nación.

UN SENADO CONSUMIDO POR SÍ MISMO
La reciente disputa por el liderazgo ha dejado al Senado atrapado en la incertidumbre. El exmagistrado senior asociado Antonio Carpio argumentó que las cuestiones relativas a la composición del Senado y el cómputo de la mayoría siguen siendo fundamentales para determinar la validez de los cambios de liderazgo. La Constitución, la jurisprudencia y los precedentes del Senado deben orientar la deliberación del Senado para resolver el impasse.

Por supuesto, el Tribunal Supremo podría haber intervenido, pero se negó a hacerlo en la controversia en torno a la sesión del Senado del 3 de junio, dejando efectivamente que la disputa se resolviera de forma política y no judicial.

El resultado es una parálisis institucional.

La legislación importante corre el riesgo de retrasarse. Medidas como la Carta Magna de los Trabajadores de Salud de Barangay y el Proyecto de Ley contra la Detención Hospitalaria siguen pendientes. La legislación relacionada con la energía se ha vuelto cada vez más urgente ante las incertidumbres del mercado mundial del petróleo. Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en los proyectos de control de influndaciones se ven perturbadas. La confirmación de nombramientos clave podría igualmente postergarse.

No son meros inconvenientes administrativos menores. Afectan a la capacidad del Estado para responder a las crisis, mantener la confianza económica y prestar servicios a los ciudadanos.

Los gobiernos ganan credibilidad no ganando batallas políticas, sino resolviendo problemas públicos. Una legislatura consumida por el conflicto interno se vuelve menos capaz de hacer precisamente eso.

El mayor peligro, por tanto, no radica en quién ocupa la presidencia del Senado, sino en si la institución misma puede seguir cumpliendo sus responsabilidades constitucionales.

LUEGO LLEGÓ EL TERREMOTO
Mientras los senadores debatían sobre quórums, firmas y acuerdos de liderazgo, Mindanao vivió algo de consecuencias mucho más graves.

El terremoto de intensidad 7,8 que sacudió el sur de Filipinas causó una devastación de tal magnitud que exigió de inmediato la atención nacional. Los informes iniciales indican más de 50 muertos, cientos de heridos y decenas de miles de desplazados. Se estima que casi 90.000 personas se han visto afectadas en toda Mindanao.

Detrás de cada estadística hay una familia que perdió su hogar, su sustento o un ser querido.

El desafío inmediato es la ayuda humanitaria. Los alimentos, el refugio, los medicamentos, el agua potable y los servicios de emergencia deben llegar rápidamente a las comunidades afectadas. Los retrasos en las operaciones de socorro determinan con frecuencia si un desastre sigue siendo manejable o se convierte en una prolongada tragedia humana.

Sin embargo, el mayor desafío comienza cuando las cámaras se van.

Las estimaciones preliminares sitúan los daños en infraestructura en torno a 1.000 millones de pesos filipinos, cifra que probablemente aumentará considerablemente a medida que las evaluaciones sean más exhaustivas. Carreteras, puentes, escuelas, hospitales, sistemas de agua y edificios públicos requerirán reparación o reconstrucción.

Todo el mundo sabe que la rehabilitación siempre es más costosa que la ayuda de emergencia.

Es aquí donde la disfunción del Senado resulta especialmente costosa. La recuperación ante desastres no es meramente una función ejecutiva. El Congreso desempeña un papel fundamental en la asignación de fondos, el ejercicio de la supervisión y la promulgación de la legislación necesaria para la resiliencia a largo plazo.

La pregunta es si el Congreso puede centrarse en la recuperación nacional mientras sigue enfrascado en la guerra política.

EL ESPACIO FISCAL SE REDUCE
El terremoto llega en un momento difícil para las finanzas públicas.

La deuda del Gobierno Nacional ha ascendido a aproximadamente 18,5 billones de pesos filipinos, equivalente a más del 65% del PIB. Los déficits fiscales anuales continúan promediando aproximadamente 1,5 billones de pesos filipinos.

El problema es inequívocamente estructural. Los ingresos del Gobierno han promediado solo alrededor del 16% del PIB en los últimos años, mientras que el gasto se ha mantenido cerca del 22% del PIB. La brecha ha sido financiada en gran medida mediante endeudamiento.

Esta realidad fiscal limita la capacidad del gobierno para responder a desastres a gran escala sin incrementar aún más la deuda nacional, lo que hace que la priorización legislativa sea sumamente crítica.

En lugar de invertir capital político en disputas internas, el Congreso podría estar enfocándose en reformas que fortalezcan directamente la resiliencia ante desastres. La propuesta Ley de Construcción de Filipinas merece una consideración urgente, ya que modernizaría los estándares de construcción y mejoraría la resiliencia de escuelas, hospitales, viviendas e infraestructuras críticas frente a terremotos y otros riesgos naturales.

De manera similar, las enmiendas al Código de Gobierno Local podrían proporcionar a los gobiernos locales un acceso más rápido a los fondos de calamidades y una mayor flexibilidad para responder a emergencias locales, preservando al mismo tiempo las salvaguardias de transparencia y rendición de cuentas.

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres también requiere un apoyo institucional y presupuestario más sólido. La experiencia en Filipinas nos enseña que los fallos de coordinación durante los desastres no surgen a menudo por falta de compromiso, sino por recursos inadecuados, equipos insuficientes y débil capacidad operativa.

Es difícil explicar a las víctimas de desastres por qué los esfuerzos de rescate se ven limitados por la escasez de botes de goma, instalaciones de evacuación, medicamentos o personal capacitado.

Si finalmente se convoca al Congreso a una sesión especial para autorizar fondos de reconstrucción adicionales, la nación solo puede esperar que dicha sesión no se convierta en otro escenario de confrontación política.

LA INFLACIÓN SACUDE CADA HOGAR
Mientras el terremoto está geográficamente concentrado en Mindanao, la inflación afecta a todos los hogares filipinos.

Los mercados financieros pueden considerar el drama del Senado como ruido político, pero los filipinos ordinarios se preocupan por algo mucho más inmediato: presyo, trabaho, at suweldo (precios, trabajo y salario).

Los precios han ido subiendo de manera constante desde finales de 2025. La inflación se aceleró del 1,5% en noviembre de 2025 al 7,2% en abril de 2026, antes de moderarse ligeramente al 6,8% en mayo.

La mejora es bienvenida, pero reconocidamente insuficiente.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la inflación promedio se mantuvo por encima del rango objetivo del 2-4% del gobierno. Más preocupante es el continuo aumento de la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía. La inflación subyacente aumentó del 3,9% en abril al 4,1% en mayo.

Esto importa porque una inflación subyacente elevada sugiere que las presiones sobre los precios se están volviendo más amplias y arraigadas.

El aumento de los costos de combustible se traslada cada vez más al transporte, la manufactura, la logística y los salarios. Una vez que estos efectos de segunda ronda se generalizan, la inflación se vuelve más difícil y costosa de revertir.

El desafío, por tanto, ya no se limita a perturbaciones temporales de la oferta.

EL BSP NO PUEDE LUCHAR SOLO
El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sigue siendo la primera línea de defensa del país contra la inflación.

Mantener una postura de política monetaria firme y basada en evidencias es esencial para mantener ancladas las expectativas de inflación. Los mercados deben mantener la confianza en que el banco central hará lo que sea necesario para que la inflación vuelva al objetivo.

Al mismo tiempo, es cierto que la política monetaria no puede resolver por sí sola los problemas del lado de la oferta.

Las tasas de interés pueden reducir la demanda. Pero no pueden producir más arroz, bajar los precios mundiales del petróleo, reconstruir la infraestructura dañada o desbloquear las cadenas de suministro.

Ahí es donde el Congreso se vuelve indispensable.

El Senado podría revisar aspectos de la Ley de Desregulación del Petróleo para dar al gobierno mayor flexibilidad en la gestión de la extrema volatilidad de precios del petróleo. Podría fortalecer programas de protección social específicos y temporales para los hogares vulnerables afectados por el alza de precios.

Más fundamentalmente, podría finalmente ir más allá de la retórica y emprender reformas largamente postergadas en el sector agrícola.

Filipinas continúa sufriendo de sistemas de irrigación inadecuados, insuficientes carreteras de campo a mercado, altos costos logísticos, investigación agrícola limitada y baja productividad. Estas debilidades contribuyen directamente a la inflación alimentaria y a la excesiva dependencia de las importaciones.

La seguridad alimentaria ya no es simplemente un tema agrícola. Es ahora un imperativo macroeconómico.

CONECTANDO LOS PUNTOS
La batalla del juicio político, el terremoto de Mindanao y la inflación pueden parecer no relacionados. No lo están.

Los tres plantean la misma pregunta subyacente: ¿pueden nuestras instituciones centrarse en gobernar cuando la nación más las necesita?

Un proceso de juicio político requiere fidelidad constitucional y credibilidad institucional. La recuperación ante desastres requiere enfoque legislativo y disciplina fiscal. El control de la inflación requiere una acción coordinada entre las autoridades monetarias, el Congreso y el poder ejecutivo.

Ninguno de estos objetivos puede alcanzarse si las luchas por el poder político se convierten en la preocupación central del gobierno.

El Senado aún puede redimirse. Puede fortalecer la supervisión, combatir la corrupción, mejorar la transparencia presupuestaria, acelerar las reformas de resiliencia ante desastres y avanzar en legislación que aborde las preocupaciones cotidianas de los filipinos.

Filipinas ya enfrenta suficientes shocks externos. No necesita una parálisis autoinfligida.

La ligera moderación de la inflación no debe generar complacencia. El terremoto exige una respuesta nacional sostenida. El proceso de juicio político debe avanzar conforme a las normas constitucionales y no por conveniencia política.

El desafío ante el Senado es, por tanto, mayor que las disputas por el liderazgo o la aritmética del juicio político. Se trata de si puede elevarse por encima de los intereses faccionarios y recuperar la estadística esperada de una institución nacional.

Cuando el suelo bajo Mindanao tembló, nos recordó que algunos peligros son inevitables. Los terremotos no esperan el consenso. Los desastres no hacen una pausa por las maniobras políticas.

Pero la disfunción política es diferente.

No es una fuerza de la naturaleza inevitable. Es una condición creada por decisiones humanas y sostenida por la indiferencia humana. Lo que la política ha roto, la política puede reparar si los líderes eligen el servicio sobre la ambición y la estadística sobre el espectáculo.

Filipinas no puede mover las fallas tectónicas bajo la tierra. Sin embargo, puede corregir las fallas que atraviesan sus instituciones. La pregunta es si nuestros líderes actuarán antes de que llegue la próxima gran prueba o si, una vez más, la crisis triunfará allí donde el liderazgo ha fracasado.

Diwa C. Guinigundo es el exgobernador adjunto del Sector Monetario y Económico del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Sirvió al BSP durante 41 años. Entre 2001 y 2003, fue director ejecutivo alterno del Fondo Monetario Internacional en Washington, DC. Es pastor principal de las Iglesias Internacionales Fullness of Christ en Mandaluyong.