Jorge Triaca: “Esta reforma laboral da previsibilidad y certezas, lo que favorecerá la creación de empleo”

El exministro de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) Jorge Triaca asevera que el proyecto de “modernización laboral” que presentó el Gobierno al Congreso es una oportunidad para insuflarle mayor dinamismo a un mercado laboral estancado y que, advierte, hace 12 años que no genera empleo formal en el sector privado.

En diálogo con LA NACION, Triaca señala que uno de los puntos positivos del proyecto es que establece parámetros claros para la incorporación y despido de trabajadores, lo que redundará en una reducción de la llamada “industria del juicio” y, por consiguiente, en un incentivo para la contratación.

Sin embargo, también señala algunos puntos grises de la iniciativa –como el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral− y tiene dudas sobre la conveniencia de eliminar las polémicas cuotas sindicales y empresarias.

−¿Cree que el proyecto impactará positivamente en la generación de empleo formal? ¿Por qué?

−Yo creo que sí: da previsibilidad, establece elementos claros para la incorporación y para la salida de los trabajadores, que son las demandas más importantes del sector empleador. Además, incluye cláusulas que apuntan a reducir la litigiosidad y la industria del juicio. El motivo central por el cual los sectores empresarios deciden tomar un trabajador nuevo está vinculado a que tenga un rédito en relación a la inversión que realiza tanto en capital como en recursos humanos; cuando ve que eso se pone en riesgo a partir de la litigiosidad se retrae la voluntad de contratar a una persona nueva. Dispone, también, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para atender las futuras indemnizaciones. Entonces, este proyecto busca resolver y dar previsibilidad al sector empleador, que es el sector que contrata, para que tenga certeza en relación a sus costos. No alcanza solamente con arreglar la macroeconomía; también hay que darle previsibilidad al empresario a la hora de contratar a los trabajadores. Me parece que todas estas reformas van a impactar positivamente en el mediano plazo y, sobre todo, le darán dinamismo a uno de los sectores más castigados del mercado laboral, que son las pequeñas y medianas empresas.

−¿Qué ventajas le ofrecería esta reforma a los futuros trabajadores?

−El proyecto ofrece un dinamismo que va a ayudar a los futuros trabajadores a conseguir un trabajo formal de otra manera. Hace doce años que no se genera empleo en el sector privado formal, y si esta ley se aprueba, le va dar una dinámica distinta al mercado laboral. Sobre todo para las empresas nuevas y aquellas que se sumen al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que quiere llevar adelante el Gobierno. Además, el proyecto propone que la negociación de los convenios colectivos (entre empresarios y gremios) sea por empresa, con un reflejo regional, lo que da la posibilidad de analizar situaciones particulares de los procesos productivos.

−¿Qué aspectos del proyecto quedan, a su juicio, a mitad de camino o bien perjudican a los trabajadores?

−Creo que el proyecto pudo ser más claro y preciso en lo referido a la negociación colectiva, entendiendo que entran en conflicto algunos criterios, como el de la negociación universal. Me parece que el proceso de negociación colectiva tiene que estar profesionalizado, tiene que tener financiamiento para que las partes (gremios y empresas) puedan llevarlo de manera técnicamente responsable y dé certezas de lo que finalmente se negocie. Entiendo que el Gobierno pretende reducir costos (al establecer en el proyecto fuertes limitaciones al cobro compulsivo de las denominadas cuotas solidarias que gremios y cámaras acuerdan en los convenios colectivos y que aplican a trabajadores no afiliados y empresas de sus actividades respectivas). También que ha habido abusos tanto de la representación gremial como trabajadora, pero tengo alguna diferencia sobre este punto.

−¿Cree que esta reforma debería eliminar las llamadas “cuotas sindicales”?

−Está relacionado justamente con lo anterior. Si el beneficio de una negociación es universal, es lógico que se considere al afiliado haciendo los aportes con los beneficios adicionales que puede dar el sindicato. Pero hay que considerar los costos de la negociación, la profesionalización de los dirigentes, los recursos técnicos que se utilizan, los procesos de fortalecimiento de la representación gremial, tanto de trabajadores como empresarios. Me parece que el proyecto es bastante agresivo y eso le quita chances de que los procesos de negociación, que son correctos, se puedan llevar adelante. Me parece que el texto está más basado en casos muy particulares o en situaciones donde hubo abusos extremos.

−¿Qué puntos quedaron fuera del proyecto y deberían ser incluidos?

−Creo que pudo haberse trabajado también sobre otro tipo de relaciones de trabajadores independientes, los regímenes tributarios vinculados a autónomos y a monotributistas. Debió calibrarse, además, el impacto fiscal que (este proyecto) tendría sobre los servicios de la salud y el sistema previsional (porque un porcentaje de las contribuciones patronales que van destinadas a la Anses y a las obras sociales pasará, con esta ley, a financiar el FAL para pagar las futuras indemnizaciones). Es algo que debería analizarse.

−¿Cree que éste es el momento oportuno para discutir una ley de modernización laboral?

−Yo creo que sí, siempre es oportuno. Tenemos que acostumbrarnos a que discutir el marco laboral. Tiene que ser habitual. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos nos obligan a pensar formas de trabajo distintas, como puede ser el de la economía de las plataformas, el impacto de la inteligencia artificial. Y eso nos obliga a estar revisando permanentemente de qué manera podemos ser más productivos, de qué manera podemos ser más competitivos, porque eso va a generar más trabajo para los argentinos. El Gobierno tiene la oportunidad para poder hacerlo; hay un nivel de consenso generalizado y lo que tenemos que tratar de hacer es que lo que se escriba tenga no solo la sustentabilidad política y la sustentabilidad legislativa, sino sobre todo sustentabilidad judicial, que es donde mayores trabas ha tenido el Gobierno.