Alfredo Cornejo avanza con la minería en Mendoza mientras las marchas no replican la potencia de 2019

Las protestas contra el proyecto PSJ Cobre Mendocino (antes San Jorge) volvieron a hacerse visibles este martes en el microcentro de la ciudad de Mendoza, aunque con una convocatoria sensiblemente menor a la de las históricas movilizaciones de 2019 contra la modificación de la ley 7722.

Mendoza vuelve a marchar en defensa del agua tras la aprobación de proyectos de megaminería

En ese marco, el gran ganador, sin dudas fue el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó que su gobierno avanza sin modificar la ley 7722, a diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando ante la masvidad de las protestas en la víspera de Nochebuena, el Ejecutivo tuvo que volver a la Legislatura la ley que dio pie a lo que se puede denominar como el “último mendozazo”.

Si bien volvió a cuestionar públicamente el artículo 3 de la norma, dejó en claro que no impulsará cambios legislativos en este contexto. El gobernador defendió la minería y el petróleo como ejes estratégicos para el desarrollo provincial y proyectó un escenario de mejora económica a partir de 2026.

“Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”, afirmó, y destacó la “paciencia” de la ciudadanía frente a la situación económica.

“Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería”, insistió. En ese marco, precisó que ya existen proyectos en marcha vinculados al cobre y al potasio, con empresas internacionales explorando y perforando en la provincia.

Sobre San Jorge, aseguró que “tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo” y lo definió como “el primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial”.

Cornejo, además, sostuvo que Mendoza utiliza todas sus herramientas de política económica para impulsar el crecimiento, defendió el manejo “responsable” del presupuesto provincial y remarcó que la provincia ejerce las competencias que le otorga la Constitución sobre los recursos del subsuelo. “La inversión, el crédito y el desarrollo productivo permitirán generar empleo y mejorar los ingresos”, expresó.

Una nueva protesta que inició en el kilómetro 0 y terminó en Casa de Gobierno

Si bien las protestas siguen desarrollándose en la provincia de Mendoza, lejos están de ser las de diciembre de 2019 cuando el por entonces gobernador Rodolfo Suárez tuvo que volver para atrás con la ley sancionada en la Legislatura que modificaba la 7722 permitiendo la utilización de químicos para la extracción minera.

“Esto no es 2019”, le resumió un manifestante durante la marcha al medio local MDZol. Esta frase muestra el diagnóstico de lo que ocurre en Mendoza a diferencia de aquella provincia que se levantó en defensa del agua: las manifestaciones persisten, pero sin la masividad ni la diversidad de actores sociales que marcaron aquel diciembre.

A diferencia de hace seis años, en las marchas actuales están ausentes la mayoría de los gremios estatales y los sectores ligados a la vitivinicultura, que en 2019 tuvieron un rol central. La presencia sindical se limitó a participaciones individuales de trabajadores judiciales y docentes, sin banderas orgánicas. En el plano político, el único espacio con participación visible fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

“El pueblo está en las calles y ellos están preparando el pinito de Navidad. Es una vergüenza”, declaró mientras marchaba el dirigente de izquierda Lautaro Jiménez, quizás uno de los más combativos contra el gobierno de Alfredo Cornejo

La protesta del 23 de diciembre de 2019, en aquella caldeada víspera de Nochebuena, convocó a más de 50 mil personas que marcharon desde diferentes puntos de la provincia y que terminaron en el Parque Cívico en medio de una represión policial pocas veces vista en la provincia. La de este martes, exactamente a seis años, no llegó a inquietar al Ejecutivo, el cual se mantiene firme en su postura de que la minería es la salvación económica de la provincia.

Como declaró el exlegislador provincial Lautaro Jiménez, esta vez no hubo participación sindical ni del sector vitivinícola. Es por eso que llamó a los sindicatos a realizar un paro masivo en defensa del agua: difícil que suceda en una provincia que parece haber sido anestesiada y que solo tiene actividad militante en este caso de las organizaciones ambientalistas del Valle de Uco, Uspallata y algunos más que aúnan fuerzas para seguir combatiendo.

Los gremios, en estas instancias, priorizan otras agendas, como la oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En la ciudadanía conviven posturas encontradas: mientras algunos ven en San Jorge una oportunidad laboral para la región, otros rechazan el proyecto por razones ambientales, especialmente por el posible impacto sobre el río Mendoza, o por desconfianza en los controles estatales.

En paralelo a la marcha, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las protestas y al rumbo económico de la provincia en declaraciones realizadas desde Casa de Gobierno. Sobre las manifestaciones antimineras, afirmó que el derecho a protestar “está plenamente garantizado”, pero subrayó que debe ejercerse “dentro del marco legal”.

“Toda persona tiene derecho a protestar, es un derecho constitucional, pero también tiene obligaciones: no puede cometer actos de vandalismo, no puede agredir a la policía ni impedir la libre circulación de otros ciudadanos”, señaló. En ese sentido, remarcó que la instrucción del Ejecutivo es preservar el orden público y advirtió: “Preferimos ejercer la disuasión, pero vamos a actuar si se viola el Código Contravencional o el Código Penal”.

NC/CRM