La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó en 2025 tres iniciativas legislativas que buscaban fomentar la cooperación migratoria entre los departamentos policiales locales y las agencias federales. Las propuestas, impulsadas desde la Legislatura estatal, pretendían imponer nuevas obligaciones a ciudades, condados, fuerzas de seguridad y centros de detención.

HB 2099: obligación de aplicar leyes federales de inmigración hasta 2029

La primera de las normas frenadas por la gobernadora fue la House Bill 2099, una iniciativa que proponía cambios profundos en los estatutos vigentes de Arizona para reforzar la ejecución de la legislación migratoria federal. El proyecto buscaba imponer un mandato claro y obligatorio a los gobiernos locales para que actuaran en coordinación directa con acciones, órdenes y programas definidos a nivel federal.

En términos generales, la HB 2099 establecía un marco temporal concreto para estas exigencias y justificaba su necesidad a partir de un diagnóstico de crisis de seguridad pública asociada a la inmigración.

Entre los puntos centrales del proyecto se incluían los siguientes aspectos:

• La obligación para ciudades y condados de hacer cumplir, administrar y cooperar con las leyes federales de inmigración hasta el 19 de enero de 2029.
• La inclusión de hallazgos legislativos que describieron la inmigración como un problema de seguridad pública.
• La eliminación y modificación de secciones previas del marco legal para armonizar las nuevas disposiciones.

Katie Hobbs vetó esta iniciativa el 2 de mayo de 2025. En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Steve Montenegro, sostuvo que su deber era respetar tanto la Constitución de Estados Unidos como la del estado, y subrayó que “los arizonenses, no los políticos de Washington D.C., deben decidir qué es lo mejor para Arizona”.

En su argumentación, destacó que había trabajado de manera coordinada con el gobierno federal en acciones concretas de seguridad fronteriza, como Task Force SAFE, Operation Desert Guardian y la labor de la Border Coordination Office. Sin embargo, rechazó la idea de obligar a funcionarios estatales a seguir directrices impuestas desde la administración Trump.

SB 1610: intercambio obligatorio de datos con el ICE desde centros de detención

Otra de las leyes vetadas en 2025 fue la Senate Bill 1610, una propuesta que apuntó a reforzar la cooperación directa entre los centros de detención de los condados y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El proyecto introducía una nueva sección en los Estatutos Revisados de Arizona para exigir la entrega sistemática de información personal de sujetos arrestados por determinados delitos.

Entre los elementos principales de la SB 1610 se destacaban:

• La obligación de proporcionar al ICE datos como nombre, domicilio, fecha de nacimiento, género y número de Seguro Social de los arrestados.
• El suministro de fotografías y descripciones físicas adicionales cuando fueran solicitadas.
• El acceso irrestricto del ICE a los detenidos para entrevistas dentro de las instalaciones del condado.
• Excepciones para centros de detención que ya contaran con agentes del ICE en el lugar o con personal autorizado para realizar controles migratorios.
• La enumeración de los delitos alcanzados, entre ellos robo, hurto, asalto a un agente del orden y cualquier infracción que derivara en muerte o lesiones graves.

Aunque el proyecto fue presentado como una herramienta para mejorar la cooperación entre fuerzas locales y autoridades federales, la gobernadora decidió vetarlo también el 2 de mayo, por considerar que avanzaban sobre competencias estatales y locales en favor de un esquema impuesto desde el ámbito federal.

SB 1164: el Arizona ICE Act y la cooperación forzada de agencias locales

La tercera norma vetada por Hobbs fue la Senate Bill 1164, que proponía la creación de la Arizona Immigration, Cooperation and Enforcement Act, conocida como Arizona ICE Act.

Este proyecto pretendió establecer un marco integral de cooperación obligatoria entre agencias estatales, gobiernos locales y autoridades federales de inmigración, con un alcance más amplio que las otras iniciativas rechazadas.

La propuesta no solo regulaba la actuación de las fuerzas de seguridad, sino que también intervenía en políticas locales y en la administración de centros correccionales, al redefinir responsabilidades y procedimientos.

Entre los ejes centrales de la SB 1164 se incluían:

• La autorización para firmar memorandos de acuerdo para la aplicación de leyes migratorias.
• La obligación de que las agencias policiales cumplieran con las órdenes de detención migratoria emitidas por el ICE.
• Procedimientos específicos para el manejo de personas bajo detención migratoria, incluida la notificación a jueces y el registro detallado de cada caso.
• La ampliación del concepto de agencias de aplicación de la ley para incluir a departamentos de policía municipales y al Department of Public Safety.
• La exigencia de que los centros correccionales celebraran acuerdos con el ICE para alojar temporalmente a personas bajo detención migratoria, con costos cubiertos.
• La eliminación de fondos del Fondo General previstos para el año fiscal 2026 que iban a destinarse a la implementación de esta ley.
• La supresión de la obligación de las agencias educativas locales de colaborar con la aplicación de leyes migratorias federales.
• La facultad otorgada al fiscal general para investigar el cumplimiento de la norma, incluso a pedido de contribuyentes.

El veto de esta iniciativa se formalizó el 18 de abril de 2025, mediante una carta enviada al presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen. En ese texto, Hobbs tuvo casi los mismos argumentos utilizados frente a la HB 2099.