Una nueva ley de Texas modificará las reglas municipales sobre la instalación de viviendas prefabricadas que cumplen con normas federales. La SB 785, además, limitará la capacidad de los gobiernos locales para exigir permisos especiales o bloquear este tipo de construcción residencial.
De acuerdo con el texto legal, esta norma se enfoca en la regulación de las casas prefabricadas construidas bajo el código federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), un estándar que establece requisitos técnicos y de seguridad para este tipo de propiedades. A partir de su entrada en vigor, introduce cambios obligatorios para los municipios en materia de zonificación, permisos y procedimientos administrativos.
El objetivo central es reducir las restricciones locales que, hasta ahora, limitaron la instalación de viviendas prefabricadas, aun cuando estas cumplen con las normas federales. La legislación establece reglas uniformes que los gobiernos municipales deberán respetar.
Uno de los puntos principales de la ley SB 785 es la obligación de los gobiernos locales de permitir, por derecho, la instalación de casas prefabricadas con código HUD en al menos una categoría de zonificación residencial dentro de sus límites. Esto implica que no podrán excluir completamente este tipo de viviendas del territorio municipal.
La normativa establece que esta obligación puede cumplirse de tres maneras:
En cualquiera de los casos, debe existir al menos un área donde estas casas puedan emplazarse sin necesidad de autorizaciones especiales. Además, si un municipio cuenta con un mapa integral de zonificación, deberá identificar claramente las áreas donde se permite la instalación de propiedades prefabricadas conforme a la ley.
Esto busca otorgar previsibilidad tanto a propietarios como a desarrolladores.
La ley también modifica el proceso de solicitud para instalar una vivienda prefabricada. A partir de septiembre de 2026, cuando una persona presente una solicitud para colocar una nueva casa con código HUD, el municipio tendrá un plazo máximo de 45 días para responder.
Si la autoridad local no emite una denegación por escrito dentro de ese plazo y no explica los motivos de la negativa, la solicitud se considerará automáticamente aprobada. Este permiso tácito representa un cambio relevante respecto a prácticas anteriores, donde los trámites podían extenderse sin una resolución clara.
La normativa también aclara que los municipios deben permitir la instalación de estas viviendas en distintos tipos de desarrollos, lo que incluye:
La SB 785 también introduce límites a las tarifas y exigencias económicas que pueden imponer las autoridades locales. En términos generales, los municipios no podrán exigir permisos, tarifas, fianzas o seguros adicionales para el transporte e instalación de viviendas prefabricadas cuando el trabajo sea realizado por instaladores o minoristas con licencia.
Sin embargo, la norma permite que las autoridades locales recuperen los costos reales derivados del transporte de estas casas, siempre que dichos gastos estén debidamente justificados. Esta excepción busca equilibrar la eliminación de barreras administrativas con la cobertura de consumos municipales directos.
Cualquier otro requisito económico deberá contar con la aprobación del organismo estatal correspondiente, lo que reduce la discrecionalidad local.
La legislación contempla situaciones en las que los municipios no estarán obligados a cumplir con los requisitos de zonificación establecidos:
Con la entrada en vigor, los gobiernos locales de Texas deberán revisar y ajustar sus ordenanzas para cumplir con las nuevas disposiciones estatales. Esto incluye cambios en mapas de zonificación, procesos administrativos y normativas sobre permisos.

