Extorsión a empresarios y cobro de derecho de piso | La Billetera

Durante el año en curso, la extorsión ha consolidado su presencia como una carga silenciosa para la actividad económica. Los pagos por derecho de piso y amenazas se han convertido en un costo recurrente que erosiona márgenes, decisiones de inversión y continuidad operativa, hasta acumular cifras que revelan un problema estructural, no episódico.

Los registros oficiales muestran miles de investigaciones abiertas, pero los montos asociados a pérdidas superan con creces lo visible. La magnitud económica del delito no solo refleja frecuencia, sino normalización. La extorsión deja de ser excepción para convertirse en práctica cotidiana en amplias regiones y sectores productivos.

La inseguridad funciona como lastre persistente. No se trata de un fenómeno exclusivo ni inédito, pero sí de uno que evidencia fallas prolongadas en coordinación, voluntad y ejecución. Existen referencias de estrategias que han funcionado en otros contextos, aunque su aplicación requiere consensos que no siempre se materializan.

A lo largo de los años se han ensayado enfoques opuestos: acciones frontales de confrontación directa y posturas de contención más pasiva. Ninguna ha logrado contener de manera sostenida un delito que muta, se adapta y se incrusta en la vida económica diaria, aprovechando vacíos institucionales.

Una parte significativa de las extorsiones se origina desde espacios que deberían neutralizar el delito. Las amenazas telefónicas, operadas desde centros de reclusión, conviven con esquemas presenciales de cobro que se ejercen directamente sobre comercios y empresas, generando un doble frente difícil de contener.

A este panorama se suma una cifra negra alarmante. La mayoría de los hechos no se denuncian, lo que distorsiona diagnósticos oficiales y crea una percepción artificial de mejora. La ausencia de denuncia no implica reducción del delito, sino profundización del miedo y desconfianza en mecanismos de protección.

El costo de la inseguridad se traslada a gastos preventivos que absorben recursos productivos: cámaras, vigilancia privada, blindajes, seguros. Esta inversión forzada no genera valor ni crecimiento, solo contención. Frente a nuevas propuestas legales que prometen mayor intervención y sanción, queda abierta la pregunta sobre si el problema será finalmente contenido o si seguirá desplazándose hacia nuevas formas, igual de costosas y persistentes.