Obstáculos técnicos y exclusiones, el "muro" que frena la formalización en plataformas digitales

La ambiciosa reforma para regular el trabajo en plataformas digitales enfrenta un panorama sombrío de cara a su implementación el 1 de enero de 2026. Lo que se promocionó como un avance histórico en derechos laborales corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de exclusión legal debido a la reciente modificación de los lineamientos para el cálculo del Ingreso Neto, así lo refiere en un análisis Jorge Loyo Pérez, socio de Loyo Pérez y Asociados.

Asimismo, destaca que el ajuste a las "Disposiciones de carácter general", publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el pasado 26 de diciembre, introduce Factores de Exclusión que actúan como una barrera técnica para que los repartidores y conductores accedan a la seguridad social plena.

Loyo Pérez, advierte en su análisis que esta normativa configura una "ingeniería laboral" diseñada para excluir artificialmente a la mayoría de la flota vehicular del régimen obligatorio.

El núcleo del conflicto radica en que la Ley Federal del Trabajo supedita el reconocimiento de la subordinación y el acceso a IMSS e Infonavit a que el trabajador genere al menos un Salario Mínimo Mensual de Ingreso Neto. Con los nuevos factores, alcanzar este piso se vuelve casi imposible.

“Por ejemplo, un conductor de auto, sujeto a una exclusión del 48%, requeriría facturar cerca de 20,000 pesos mensuales brutos para que su ingreso neto legal alcance el mínimo de 9,451.20 proyectado para 2026”.

Sobre esta disparidad, Jorge Loyo señala que se están creando trabajadores de "primera" y "segunda" clase basándose únicamente en la herramienta de trabajo, lo que representa una violación al principio de realidad económica.

El especialista califica la situación como una "captura regulatoria" donde las reglas parecen redactadas siguiendo los intereses de las empresas para garantizar su viabilidad financiera a costa de la protección integral del trabajador.

Loyo Pérez destaca que el 90% de los trabajadores podría quedar fuera de la cobertura total, accediendo únicamente a seguros básicos sin derecho a pensiones ni vivienda.

El abogado concluye que este acuerdo técnico funciona en la práctica como un "muro de contención" que mantendrá a miles de conductores como simples socios sin derechos plenos, por lo que la defensa de estos derechos requerirá impugnar legalmente estas disposiciones que materializan la precarización.