Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, se puso de moda una palabra: Glasnost. Significaba el corrimiento de un velo, la aparición de la transparencia y liberación de información. Era el conocimiento de realidades, datos y dinámicas que se intuían pero sobre las que no había certezas. Una especie de Glasnost está ocurriendo en el mundo del fútbol. Todos aquellos que están cerca sabían y saben que es un universo dominado por la opacidad, negocios turbios y formas espinosas del manejo del poder. Todo eso adquiere ahora una dimensión informativa mucho más transparente que acorrala a los dirigentes del fútbol y pone en una situación de principal protagonismo, y en una posición tal vez incómoda, al Poder Judicial. Esta acumulación de información desagradable se torna enfermiza si no se encuentra una salida por medio de la atribución de responsabilidades y, eventualmente, el castigo del delito. Es algo que solo puede proveer este Poder Judicial. Siempre que no esté condenado, como sucede tan a menudo, a proveer impunidad.

El proceso de transparencia y conocimiento de datos dio el domingo un importante paso adelante a través de una investigación exclusiva publicada por el diario LA NACION, y que llevaron adelante Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon. Allí se informa una gran cantidad de manejos irregulares de fondos que pasaron por el circuito de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), varios bancos internacionales, entre los que están el Citibank, Bank of America y JP Morgan, y una sociedad que intermedió los contratos en el exterior: TourProdenter. Por medio del vínculo entre la AFA y esta última, se realizaron una cantidad de giros en millones de dólares a empresas fantasmas y aplicaciones de recursos a gastos suntuarios.

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TourProdEnter LLC, la empresa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contrató para recolectar sus ingresos alrededor del mundo durante los últimos cuatro años, destinó millones de dólares a la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, equitación, peluquería y hasta entradas VIP de teatro, según surge de los registros bancarios de esa empresa que obtuvo y analizó LA NACION durante las últimas semanas.

Los registros confidenciales provienen de cuatro bancos a los que la Justicia de Estados Unidos les impuso un “discovery”, es decir, la entrega obligatoria de información que de otro modo se mantendría confidencial. Estos bancos fueron el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Muestran que Erica Gillete, esposa de Javier Faroni, el productor teatral y exdiputado provincial por el Frente Renovador, ordenó pagos y transferencias por al menos US$16,6 millones para solventar gastos suntuarios con fondos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con Pablo Toviggino como mano derecha.

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El juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por la administración de Javier Milei, bajo el comando de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, antes de pasar al Senado. En su fallo, el magistrado consideró que el protocolo -utilizado para controlar y restringir las manifestaciones callejeras- tiene vicios en su conformación legal.

Según pudo saber LA NACION, el gobierno nacional apelará la decisión del juez Cormick, que dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes. La decisión de recurrir el fallo del magistrado fue confirmada a este medio por fuentes de la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva.

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El Presupuesto 2026 y los cambios que el Gobierno impulsa en materia ambiental sumaron, en los últimos días, un rechazo colectivo. El Foro Encuentro Reformista difundió un documento crítico que reunió más de 1800 adhesiones de personalidades de la ciencia, la cultura, la política y el ambientalismo, además de referentes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que se sumaron a título personal. Allí denunciaron, también, que Milei construye mayorías a través de la extorsión.

El documento se presentó como un “registro histórico”: una forma de dejar constancia de que, frente al desmantelamiento -según su definición- de políticas públicas consideradas estratégicas, hubo voces que pronunciaron su objeción públicamente. Subrayaron, además, que se trata de un respaldo transversal, con firmas de “todos los partidos y colores”, con el objetivo de despegar el reclamo de una disputa partidaria y enmarcarlo como una advertencia institucional y social.

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), fue en diciembre de 2,46 puntos, lo que representa una caída del 0,1% respecto del mes anterior y del 7,2% respecto del mismo mes del año pasado.

De todas maneras, este valor actual es un 4,3% superior a la de diciembre de 2017 (gestión Mauricio Macri, ICG 2,36) y un 73,2% mayor que la de diciembre 2021 (gobierno de Alberto Fernández, ICG 1,42).

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

En un comunicado, la institución defendió la relación comercial con TourProdenter LLC, la empresa que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos.

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CÓRDOBA.- Diciembre cerrará como el mes en que más recursos por fuera de la coparticipación repartió Nación a las provincias en lo que va de la gestión de Javier Milei. Los giros coinciden con el perfil de un Presidente que se muestra menos fundamentalista y más abierto a lograr los acuerdos que le permitan resultados tangibles en el Congreso.

Después de la aprobación del presupuesto 2026, salieron $9.500 millones de ATN para Chubut y un adelanto financiero, de mayor envergadura, por unos $220.000 millones para Entre Ríos.

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