La combinación entre la Ley de Inocencia Fiscal, la liberación de dólares provenientes del blanqueo y el nuevo esquema cambiario abre, sin exagerar, un capítulo distinto para el mercado inmobiliario argentino.

No porque resuelva de manera automática los problemas estructurales del sector, sino porque modifica una de las variables más sensibles: el vínculo entre el ahorro privado y el sistema formal. El desafío ya no es solo anticipar mayor demanda, sino evaluar si el sector está realmente preparado para canalizarla en proyectos viables, formales y con capacidad de escalar.

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Durante años, los llamados “dólares del colchón” funcionaron como un símbolo de la desconfianza crónica. Ahorros fuera del sistema, inmóviles, que expresaban más temor que falta de interés por invertir.

La Inocencia Fiscal introduce un cambio relevante en ese clima: reduce el riesgo percibido de ingresar al circuito formal y devuelve previsibilidad al contribuyente promedio. No se trata únicamente de recaudar o blanquear fondos, sino de reconstruir un mínimo marco de confianza entre el Estado y quienes ahorran.

En ese contexto, el ladrillo vuelve naturalmente al centro de la escena. La vivienda sigue siendo el activo refugio por excelencia del argentino, pero ahora con una novedad relevante: la posibilidad de hacerlo en blanco, con reglas más claras y sin penalidades implícitas. Familias que piensan en la vivienda propia, pequeños inversores que vuelven a mirar proyectos de pozo y desarrolladores que pueden estructurar fideicomisos con mayor formalidad empiezan a alinearse y no es menor.

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Sin embargo, que haya más capital dispuesto a salir no garantiza automáticamente más obra.

El principal cuello de botella de los últimos años fue y sigue siendo, la rentabilidad. Costos de construcción elevados en dólares, una presión impositiva significativa y precios de venta que aún no recuperaron plenamente el terreno perdido dejaron a muchos proyectos al límite de su viabilidad. El mercado puede tener vocación de invertir, pero sin números que cierren, la inversión no se activa.

La pregunta que desvela

La pregunta central de cara a 2026 no es solo si habrá demanda, sino si los proyectos nuevos serán económicamente viables. Si la ecuación no mejora y la carga impositiva continúa absorbiendo una porción relevante del valor final del metro cuadrado, gran parte de esos fondos se canalizará hacia vivienda usada o a opciones de resguardo más simples, con bajo impacto en empleo y en producción.

Para que la Inocencia Fiscal se traduzca efectivamente en más grúas, más metros construidos y más vivienda nueva, será necesario avanzar en una agenda complementaria: una revisión de la presión fiscal sobre la obra formal, reglas estables y un esquema de financiamiento que acompañe el ciclo productivo.

La autora es directora ejecutiva de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU)