El estado de Nueva York habilitó por primera vez la posibilidad de acceder a ayuda médica para morir a personas con enfermedades terminales. La decisión, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul tras años de deliberaciones y ajustes, abre un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía, la dignidad y el final de la vida.

La firma de Hochul que marca un antes y un después en Nueva York

El pasado 6 de febrero de 2026, en Albany, la gobernadora Kathy Hochul firmó oficialmente la ley conocida como Medical Aid in Dying Act, correspondiente a la legislación S.138/A.136.

Con esta rúbrica, el estado de Nueva York ahora permite que personas con enfermedades terminales, a quienes los médicos les pronostican menos de seis meses de vida, puedan acceder a ayuda médica para morir de manera pacífica y controlada.

Según se explicó en el comunicado de prensa difundido por la oficina de la gobernadora, la norma no busca acortar la vida de los pacientes, sino reducir el sufrimiento en la etapa final, al priorizar la compasión y el respeto por las decisiones individuales.

La aprobación definitiva de esta ley llega luego de un proceso extenso, atravesado por discusiones éticas, médicas y legales, y nutrido por el aporte de organizaciones defensoras de derechos, profesionales de la salud y ciudadanos que compartieron experiencias personales marcadas por el dolor y la impotencia frente a enfermedades irreversibles, según explicaron desde la oficina de la gobernadora.

El trasfondo personal que influyó en la decisión de Hochul

Durante el anuncio, Kathy Hochul dejó en claro que la decisión no fue meramente política. La gobernadora relató que su postura estuvo profundamente influenciada por una experiencia familiar: el padecimiento de su madre, quien sufrió esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En palabras de la propia mandataria, presenciar ese proceso fue “insoportable”, especialmente por la sensación de no poder aliviar el dolor de un ser querido.

En el comunicado oficial, Hochul sostuvo: “Nuestro estado siempre será firme en la protección de las libertades de los neoyorquinos y del derecho a la autonomía corporal, lo que incluye el derecho de las personas con enfermedades terminales a poner fin a su vida de manera pacífica y confortable, con dignidad y compasión”.

La gobernadora remarcó que la ley es el resultado de años de conversaciones íntimas con legisladores, expertos en salud, defensores de derechos y, sobre todo, familias que atravesaron situaciones similares.

Qué establece la nueva ley sobre ayuda médica para morir

La legislación firmada establece un marco legal claro y restrictivo para garantizar que la ayuda médica para morir se aplique únicamente en contextos muy específicos y bajo estrictas condiciones.

Está destinada exclusivamente a residentes del estado de Nueva York que padezcan una enfermedad terminal con un pronóstico de vida inferior a seis meses.

Desde la oficina de la gobernadora se enfatizó que la norma fue diseñada para ofrecer una opción adicional al final de la vida, sin imponerla ni promoverla como una alternativa obligatoria. De hecho, se subraya que la mayoría de las personas probablemente nunca recurran a este mecanismo, pero valoran la tranquilidad de saber que existe como respaldo ante un escenario de sufrimiento extremo.

Salvaguardas clave para proteger a los pacientes neoyorquinos

Uno de los ejes centrales del debate legislativo fue la incorporación de salvaguardas estrictas para evitar abusos, presiones indebidas o conflictos de interés. En ese sentido, Hochul trabajó junto con la Legislatura para reforzar los controles originalmente previstos en el proyecto.

Entre las medidas de protección más relevantes que incluye la ley se destacan:

• Un período de espera obligatorio de cinco días entre el momento en que se prescribe la medicación y su entrega efectiva.
• La exigencia de que la solicitud oral del paciente sea registrada mediante audio o video, como respaldo documental.
• La realización obligatoria de una evaluación de salud mental por parte de un psicólogo o psiquiatra, para confirmar la capacidad de decisión del paciente.
• La prohibición de que cualquier persona que pueda beneficiarse económicamente de la muerte del paciente actúe como testigo o intérprete durante el proceso.
• La obligación de que la evaluación inicial del paciente por parte de un médico se realice de manera presencial.
• La posibilidad de que proveedores de cuidados paliativos u hospicios de orientación religiosa opten por no participar en la implementación de esta práctica.
• La definición de cualquier violación a la ley como una falta profesional, en el marco de la legislación educativa vigente.

Además, se estableció que la entrada en vigencia de la ley será seis meses después de su firma, con el objetivo de que el Departamento de Salud pueda elaborar las regulaciones necesarias y que las instituciones médicas tengan tiempo suficiente para capacitar a su personal.