África sigue siendo la región menos electrificada a nivel mundial. Según el Banco Mundial, más de 600 millones de personas en todo el continente aún carecen de acceso a la electricidad. Por lo tanto, la política energética está estrechamente vinculada a la industrialización, la creación de empleo y la reducción de la pobreza.
Además, la Agencia Internacional de Energía señala que África representa menos del 4% de las emisiones globales relacionadas con la energía. Sin embargo, enfrenta una creciente demanda energética a medida que las poblaciones se expanden y la urbanización se acelera.
Como resultado, la inclusión energética se ha convertido en un elemento central de la planificación económica. Los gobiernos argumentan que restringir la inversión en hidrocarburos podría ralentizar el crecimiento de la infraestructura y debilitar la estabilidad fiscal en los estados productores.
El acceso al capital sigue siendo desigual. Los prestamistas multilaterales, incluido el Banco Africano de Desarrollo, han aumentado el financiamiento vinculado al clima. Sin embargo, la inversión privada en infraestructura energética a gran escala sigue limitada por percepciones de riesgo y obstáculos regulatorios.
Al mismo tiempo, los productores de energía africanos continúan buscando asociaciones diversificadas. El compromiso con Asia se ha ampliado, particularmente en gas natural licuado, refinación e infraestructura downstream. Mientras tanto, el flujo de capital de la región del Golfo es cada vez más visible en el desarrollo upstream y plataformas renovables.
En consecuencia, la inclusión energética ya no se plantea como una elección binaria entre combustibles fósiles y energías renovables. En cambio, los responsables políticos enfatizan transiciones graduales respaldadas por financiamiento combinado y transferencia de tecnología.
El gas natural continúa ocupando un lugar destacado en las estrategias energéticas nacionales. Países como Nigeria, Mozambique y Senegal ven el gas como un combustible de transición que puede expandir la generación de energía mientras respalda los ingresos por exportaciones.
Además, los proyectos de gas a energía a menudo se posicionan como catalizadores para clusters industriales. Las plantas de fertilizantes, petroquímicas e instalaciones de manufactura dependen de un suministro base confiable. Por lo tanto, limitar la inversión upstream podría tener implicaciones macroeconómicas más amplias.
Los datos del Fondo Monetario Internacional sugieren que las economías exportadoras de energía dependen en gran medida de los ingresos de hidrocarburos para estabilizar los balances externos. En este contexto, las estrategias energéticas inclusivas se consideran esenciales para la resiliencia fiscal.
Aunque los compromisos globales de descarbonización se están intensificando, los gobiernos africanos continúan abogando por responsabilidades diferenciadas. Argumentan que el financiamiento para el desarrollo debe respaldar tanto la expansión renovable como el desarrollo responsable de hidrocarburos.
Además, marcos regionales como la Agenda 2063 de la Unión Africana enfatizan la infraestructura, la agregación de valor y la seguridad energética como pilares del crecimiento a largo plazo.
En última instancia, la inclusión energética de África refleja un cálculo económico más amplio. El continente busca expandir el acceso a la electricidad, movilizar capital y preservar la estabilidad fiscal. Si bien las vías de transición energética variarán, el objetivo subyacente sigue siendo consistente: un crecimiento que sea tanto sostenible como inclusivo.
La publicación El Debate sobre la Inclusión Energética de África se Intensifica apareció primero en FurtherAfrica.


