Puente Nichupté duplica su costo; encuentran inconsistencias por 495 mdp

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Esta obra, que cruza parte de la laguna Nichupté y tiene una extensión total de 11.2 kilómetros, busca proporcionar una nueva vía de acceso desde el centro de Cancún hasta la zona hotelera, evitando las áreas de mayor congestión vehicular en el bulevar Kukulcán.

Su construcción inició a mediados de 2022 con el compromiso del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de inaugurarlo a finales de 2023.

Desde entonces, la conclusión de los trabajos se ha pospuesto en más de 10 ocasiones. Tan sólo con el gobierno de Claudia Sheinbaum se han anunciado en falso varias fechas para su apertura.

Primero se aseguró que se inauguraría en diciembre pasado; después a inicios de enero de este año y en la última declaración al respecto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dijo que estará listo para “marzo o para abril” de 2026.

La postergación de los trabajos también ha implicado el incremento de los costos respecto de los 5,570 millones de pesos con que fue adjudicada la obra a la firma ICA mediante licitación pública en 2022.

Para 2024, con un avance de 42%, el puente ya había incrementado su costo hasta los 7,847 millones de pesos, según el Reporte de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión al primer trimestre de ese año.

Para el cuarto trimestre de 2025, el monto total previsto para la obra ascendía a los 10,899 millones de pesos, es decir, 95% más respecto del costo inicial fijado tres años atrás, según el mismo reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda.

Tan sólo durante el año pasado se le inyectaron 2,929 millones de pesos y aún resta que se publique el informe al primer trimestre de 2026 para conocer en cuánto más aumentó el costo de la obra durante el presente año.

La entidad responsable es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual fue consultada respecto de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, señalando lo siguiente: “Dicha observación deriva de diferencias identificadas durante la revisión entre volúmenes de obra pagados en estimaciones y la documentación técnica analizada por la instancia fiscalizadora.

“Es importante precisar que esta observación no constituye un daño patrimonial determinado, sin un proceso ordinario de revisión en el que la entidad fiscalizada debe presentar la información técnica, contractual y volumétrica que sustente las cantidades ejecutadas”.

Añaden que conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar ante la ASF la documentación y argumentos técnicos correspondientes.

Posteriormente, la ASF cuenta con un plazo legal de hasta 120 días hábiles para analizar la información y emitir la determinación que corresponda respecto a la solventación.

“En proyectos de infraestructura de esta magnitud, la ejecución puede implicar ajustes documentales derivados de la dinámica constructiva, los cuales deben integrarse y acreditarse formalmente ante el órgano fiscalizador.

“El proceso actual consiste en presentar la evidencia técnica necesaria para sustentar las cantidades ejecutadas conforme al contrato y al marco normativo aplicable. El Centro SICT Quintana Roo mantiene plena disposición de colaborar con la Auditoría Superior de la federación en el marco del proceso de fiscalización, garantizando transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos”, concluye la respuesta de la dependencia.